miércoles, 30 de noviembre de 2011

DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS, AMENAZADOS EN EL ESTADO DE PUEBLAUn defensor y una defensora de los derechos humanos de Tehuacán, estado de Puebla, México, han recibido una nueva amenaza. Se trata del tercer acto de acoso que sufren este año. Existe hondo temor por su seguridad y por la de sus colegas. El 24 de noviembre de 2011, Reyna Ramírez Sánchez y Rodrigo Santiago Hernández recibieron una nueva amenaza en su casa. Alguien rompió una ventana de una pedrada. La piedra estaba envuelta en un papel con el siguiente mensaje: “Van a valer Madres-sigan chigando – R.Y.R.”. El final del mensaje presumiblemente se refiere a las iniciales de Reyna Ramírez Sánchez y Rodrigo Santiago Hernández, que son miembros del Colectivo Obreras Insumisas, AC. Se trata de la tercera amenaza que Reyna Ramírez Sánchez y Rodrigo Santiago Hernández han recibido este año, y se cree que guarda relación con su trabajo como representantes de unos trabajadores en un conflicto laboral. Tanto Reyna Ramírez Sánchez como Rodrigo Santiago Hernández han presentado ya denuncias formales ante el Ministerio Público de Tehuácan, y han solicitado medidas cautelares de protección a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Puebla. Sin embargo, hasta la fecha no han recibido respuesta. Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma: pidiendo que se adopten de inmediato medidas para proteger a Rodrigo Santiago Hernández y Reyna Ramírez Sánchez, así como a los demás integrantes del Colectivo Obreras Insumisas, de acuerdo con los deseos de los propios afectados; pidiendo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas contra Rodrigo Santiago Hernández, y que los responsables comparezcan ante la justicia; pidiendo a las autoridades que pongan en práctica un programa efectivo de protección para todos los defensores y defensoras de los derechos humanos en situación de riesgo, en consulta con la sociedad civil, conforme establece el acuerdo presidencial firmado el 6 de julio de 2011. ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 6 DE ENERO DE 2012, A: Dr. Alejandro Poiré Romero Secretaría de Gobernación Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez Delegación Cuauhtémoc México D.F., C.P.06600, MÉXICO Fax: +52 55 5093 3414 (digan: "fax, por favor") Correo-e.: secretario@segob.gob.mx Tratamiento: Sr. Secretario Lic. Rafael Moreno Valle Gobernador del estado de Puebla Juan de Palafox y Mendoza 204 Centro C.P 72000 Puebla, MÉXICO Fax:+52 222 2322783 (digan: "fax, por favor") Correo-e.: rafael.morenovalle@puebla.gob.mx Tratamiento: Sr. Gobernador Y copia a: Obreras Insumisas del Valle de Tehuacán Puebla Correo-e.: rockdrigo.mailbox@gmail.com Comisión Nacional de los Derechos Humanos Correo-e.: correo@cndh.org.mx Envíen también copia a la representación diplomática acreditada de México en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas locales a continuación: Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. Ésta es la primera actualización de AU: 312/11. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/065/2011/es Nombres: Rodrigo Santiago Hernández y Reyna Ramírez Sánchez Género m/f: Rodrigo, masculino, Reyna, femenino Más información sobre AU: 312/11 Índice: AMR 41/076/2011 Fecha de emisión: 25 de noviembre de 2011

Un defensor y una defensora de los derechos humanos de Tehuacán, estado de Puebla, México, han recibido una nueva amenaza. Se trata del tercer acto de acoso que sufren este año. Existe hondo temor por su seguridad y por la de sus colegas.

El 24 de noviembre de 2011, Reyna Ramírez Sánchez y Rodrigo Santiago Hernández recibieron una nueva amenaza en su casa. Alguien rompió una ventana de una pedrada. La piedra estaba envuelta en un papel con el siguiente mensaje: “Van a valer Madres-sigan chigando – R.Y.R.”. El final del mensaje presumiblemente se refiere a las iniciales de Reyna Ramírez Sánchez y Rodrigo Santiago Hernández, que son miembros del Colectivo Obreras Insumisas, AC.

Se trata de la tercera amenaza que Reyna Ramírez Sánchez y Rodrigo Santiago Hernández han recibido este año, y se cree que guarda relación con su trabajo como representantes de unos trabajadores en un conflicto laboral. Tanto Reyna Ramírez Sánchez como Rodrigo Santiago Hernández han presentado ya denuncias formales ante el Ministerio Público de Tehuácan, y han solicitado medidas cautelares de protección a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Puebla. Sin embargo, hasta la fecha no han recibido respuesta.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

pidiendo que se adopten de inmediato medidas para proteger a Rodrigo Santiago Hernández y Reyna Ramírez Sánchez, así como a los demás integrantes del Colectivo Obreras Insumisas, de acuerdo con los deseos de los propios afectados;

pidiendo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas contra Rodrigo Santiago Hernández, y que los responsables comparezcan ante la justicia;

pidiendo a las autoridades que pongan en práctica un programa efectivo de protección para todos los defensores y defensoras de los derechos humanos en situación de riesgo, en consulta con la sociedad civil, conforme establece el acuerdo presidencial firmado el 6 de julio de 2011.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 6 DE ENERO DE 2012, A:

Dr. Alejandro Poiré Romero

Secretaría de Gobernación

Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez

Delegación Cuauhtémoc

México D.F., C.P.06600, MÉXICO

Fax: +52 55 5093 3414 (digan: "fax, por favor")

Correo-e.: secretario@segob.gob.mx

Tratamiento: Sr. Secretario

Lic. Rafael Moreno Valle

Gobernador del estado de Puebla

Juan de Palafox y Mendoza 204

Centro C.P 72000

Puebla, MÉXICO

Fax:+52 222 2322783 (digan: "fax, por favor")

Correo-e.: rafael.morenovalle@puebla.gob.mx

Tratamiento: Sr. Gobernador

Y copia a:

Obreras Insumisas del Valle de Tehuacán Puebla

Correo-e.: rockdrigo.mailbox@gmail.com

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Correo-e.: correo@cndh.org.mx
Envíen también copia a la representación diplomática acreditada de México en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas locales a continuación:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. Ésta es la primera actualización de AU: 312/11. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/065/2011/es
Nombres: Rodrigo Santiago Hernández y Reyna Ramírez Sánchez

Género m/f: Rodrigo, masculino, Reyna, femenino

Más información sobre AU: 312/11 Índice: AMR 41/076/2011 Fecha de emisión: 25 de noviembre de 2011

viernes, 25 de noviembre de 2011

Preocupan a Amnistía Internacional México omisiones fundamentales en el acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado para el caso Radilla Pacheco

El día de hoy autoridades mexicanas llevaron a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad por las violaciones de derechos humanos derivadas del caso Radilla Pacheco resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Amnistía Internacional México celebra la disposición del Estado de dar cumplimiento a la medida de reparación contenida en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena la celebración de este acto; sin embargo, manifiesta su profunda preocupación por el hecho de que las autoridades no se hayan asegurado de que los familiares de Rosendo Radilla Pacheco tuvieran la posibilidad de estar presentes tal y como la sentencia de la Corte Interamericana lo ordena.

“El acto público de reconocimiento de responsabilidad es una medida de reparación que tiene como fin la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad y el consuelo de sus deudos; por ello, resulta incomprensible que las autoridades no se hayan asegurado que en el acto pudieran estar presentes los integrantes de la familia Radilla Pacheco”, ha dicho hoy Alberto Herrera Aragón, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado al Estado mexicano llevar a cabo el acto público de reconocimiento de responsabilidad “mediante una ceremonia pública en presencia de altas autoridades nacionales y los familiares del señor Radilla Pacheco”.

Los familiares de Rosendo Radilla han externado su decepción por la forma en que este acto se ha llevado a cabo y han considerado que el mismo no ha cumplido con los fines que persigue el mismo de acuerdo con la sentencia de la Corte Interamericana.

“El Estado mexicano ha dejado pasar una oportunidad importante para reconocer su responsabilidad en el caso Radilla así como para aliviar el dolor de las víctimas y para recuperar frente a ellas la confianza institucional necesaria para rectificar el rumbo en esta larga travesía que la familia Radilla Pacheco ha tenido que recorrer para encontrar justicia”, comentó Herrera Aragón.

Amnistía Internacional México hace un llamado a todas las autoridades mexicanas para priorizar el cumplimiento cabal y diligente de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Información complementaria

En meses pasados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para todas las autoridades del Estado mexicano.

En 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria en contra del Estado mexicano sobre el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco en 1974 por integrantes del ejército.  Esta fue la primera de varias sentencias contra el Estado mexicano por violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes ejército y  la primera sentencia internacional en contra del Estado mexicano por desaparición forzada.

La sentencia además de ordenar la reforma del código penal militar para excluir de la competencia de la justicia militar en casos de violación de derechos humanos cometidos contra civiles, ordenaba la conducción  de un acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte de las autoridades mexicanas.